El lunes declarará la niña de 11 años abusada por el novio de su abuela

La víctima transita un embarazo producto del aberrante hecho.
sábado, 09 de febrero de 2019 · 07:49

El caso que conmociona a Burruyacu, en donde una niña de 11 años habría sido violada por el novio de su abuela y cursa un embarazo, abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la interrupción legal del embarazo (ILE). Es que este lunes la niña deberá declarar, en un cuarto especialmente diseñado y rodeado de especialistas, como víctima de abuso y responder si quiere interrumpir el embarazo, tal como lo establece el protocolo de aborto no punible.

Los médicos de un CAPS del este de la provincia descubrieron lo que sucedía, que la niña transita un embarazo de 16 semanas, según relata La Gaceta. La víctima contó que el concubino de su abuela la había atacado cuando ambos se quedaron solos en la vivienda. La madre de la niña hizo la denuncia y el novio de la abuela fue aprehendido por la pedido de la fiscala María del Carmen Reuter.

El presunto abusador declaró en tribunales el día de ayer y habría negado la acusación.

Legalmente, la niña podría pedir interrumpir el embarazo, pero es la madre o el tutor el que debe acompañar el procedimiento quirúrgico, aunque se debe tener en cuenta la voz de la niña y recibir la información adecuada como dicta la ley.

Lo que sucede en este caso, es que los tutores de la pequeña no estarían en condiciones de ejercer su tutela, tanto la madre como la abuela, fueron negligentes en el cuidado de la víctima.

La Justicia le quitó la tutela legal a la madre de la víctima en 2014 ya que la pareja de la mujer habría abusado de al menos dos hermanas de la niña en cuestión. En cuanto a la abuela, que se transformó en tutora de las niñas, podría ser imputada por encubrimiento en este nuevo caso, por lo que también le quitarían el rol que cumplió durante casi cinco años.

¿Qué dice el protolo ILE?

En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) con el fin de estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho. Allí se establecen los siguientes lineamientos:

  • No se necesita autorización judicial:

Una vez certificada la causa de la interrupción del embarazo por un profesional de la salud, no se necesita autorización judicial ni administrativa para acceder al aborto.Tampoco se puede retrasar innecesariamente el acceso al aborto. Deben eliminarse los requisitos que no estén médicamente indicados.

  • No se necesita denuncia policial o judicial:

En los casos de violación, solo se requiere una declaración jurada que deje constancia de que el embarazo es producto de una violación.

Las víctimas de violencia sexual

Deben recibir en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva en un contexto cómodo, seguro, privado, confiable y que evite la revictimización. Debe asegurarse la obtención y conservación de pruebas vinculadas con el delito, así como brindar asistencia psicológica y legal a la víctima

  • Derecho a recibir información:

Los profesionales de la salud deben brindar a la persona gestante información oportuna, completa, comprensible y de calidad sobre las alternativas de atención y los distintos procedimientos disponibles para que pueda decidir sobre su cuerpo.

  • Derecho a la privacidad y a la confidencialidad:

Se debe respetar la privacidad de la persona y garantizar la confidencialidad de la información que esta haya solicitado, su decisión y cualquier otro dato de su historia clínica.

Obligaciones del sistema de salud

Las demoras innecesarias en la atención, el brindar información falsa o negarse a realizar la interrupción del embarazo constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente.

Si un profesional es objetor de conciencia y, por sus creencias personales, se niega a realizar la interrupción del embarazo, está obligado a notificar su voluntad por escrito a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempeñe y derivar adecuadamente a otro integrante del equipo de salud que garantice su realización. En caso de emergencia, el profesional objetor deberá realizar la interrupción del embarazo.

Deben articularse mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia del aborto en caso que una mujer se presente con un aborto en transcurso o finalizado.

La minoridad de la víctima 
 
En cuanto a la persona menor de edad tiene derecho a ser escuchada e informada, así como a participar en las decisiones sobre sí misma.

Entre los 13 y 16 años, mientras que una persona cuente con el grado de madurez suficiente para ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico, se entiende que tiene aptitud para decidir respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o pongan en riesgo su integridad o su vida. Para ese tipo de tratamientos, al considerarse invasivos, la adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus padres o representantes legales.Si esta adolescente por alguna razón fundada se niega a que se le informe a sus progenitores, debe intervenir el Ministerio Público.

A partir de los 16, la adolescente es considerado como un adulto para las decisiones respecto de su propio cuerpo. De todos modos, se recomienda que las adolescentes cuenten con la compañía y el apoyo de una persona de su confianza. En caso de violación, la declaración jurada puede ser realizada sin la autorización de un adulto.