Comicios 2019

Denunciaron a los jueces que fallaron a favor de adelantar las elecciones

El legislador radical José Canelada acusó a los magistrados por posible comisión de los delitos de prevaricato
jueves, 10 de enero de 2019 · 15:55

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Legislatura, José Canelada, presentó una denuncia penal en contra de los dos jueces de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, quienes hicieron lugar a un planteo del Frente Renovador Auténtico (FRA), para adelantar los comicios.

Con el patrocinio del abogado Pablo Bertini Luque, el legislador radical acusó a los magistrados Juan Ricardo Acosta y Horacio Ricardo Castellanos, del fuero contencioso administrativo, y a “todas las personas que surjan de la investigación”, por la “posible comisión de los delitos de prevaricato, en concurso real con el delito de cohecho agravado”. Canelada plantea que los jueces participaron de “un plan pergeñado y orquestado en las altas cúpulas del poder local”. 

El dirigente opositor sostiene que el objetivo que el fallo de Acosta y Castellanos se trata de “un entramado político que, bajo la apariencia de verosimilitud jurídica, permitía al Gobierno modificar las reglas del juego del proceso electoral”.

El pasado 11 de diciembre, Víctor Arias y Mariela Martín Domenichelli, referentes del massismo en Tucumán, presentaron un amparo ante la Justicia para pedir el adelantamiento de la fecha de las votaciones provinciales previstas para agosto próximo. Los referentes del Partido Frente Renovador Auténtico estimaron que la proximidad de las PASO y las generales nacionales lesionaba sus derechos de participar de manera igualitaria en esas contiendas frente a los armados tradicionales o con más estructura (caso PJ y Cambiemos).

Incluso, los dirigentes massistas alegaron que hubo una extralimitación de la Convención Constituyente de 2006 al fijar un plazo en la Carta Magna. El 28 de diciembre, con el vocal Acosta como preopinante y la adhesión de Castellanos, la Sala I dictó la sentencia favorable al FRA y declaró inconstitucional uno de los artículos relativos a la fecha de los comicios (concretamente, el artículo 43 inciso 6; no se mencionó el artículo 100, de similar espíritu).

Canelada, en su planteo, asegura que “no hay dudas de que existió un acuerdo previo de voluntades entre los diferentes actores políticos, jueces y funcionarios del Ejecutivo”. Por eso, acusó a Acosta y a Castellanos de prevaricato (es decir, el dictado intencional de una sentencia contraria a las leyes) y de cohecho (la aceptación de una dádiva o promesa). “No estamos ante un caso de negligencia. Hay una intención clara y manifiesta, hay mala fe por parte de los magistrados”, agregó. Además, solicitó medidas de investigación penal, como entrecruzamientos telefónicos de las líneas pertenecientes a los denunciados.